Una persona adquirió una tarjeta de crédito con la que pagaba habitualmente las compras y también extraía efectivo y realizaba ingresos de los cajeros cuando consideraba oportuno. Tras años sin ningún problema, llegaron a su casa cartas de la entidad financiera en la que le informaban de un crédito de dos mil euros así como unos seguros que la consumidora desconocía haber suscrito.La afectada revisó sus cuentas y vio que le habían cobrado 344 euros desde 2001, correspondiente a un seguro de protección de accidentes y a un seguro de protección de tarjetas, de los que esta persona era la primera vez que oía hablar. En ese momento, acudió a Irache, desde donde se reclamó la devolución de este dinero o, en su defecto, la entrega del contrato en el que supuestamente aparecía la suscripción de las pólizas cobradas. Finalmente, la entidad devolvió el capital y, a petición de la clienta, anuló el contrato de la tarjeta.
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