Nuestro asociado contrató un curso con una academia de oposiciones, pagando 1.816 euros. Para pagarlo, firmó un contrato de financiación. A la semana siguiente y sin haber comenzado el curso, por una serie de circunstancias decidió anular el contrato y dejar el curso para más adelante. Desde «Irache» observamos que el contrato de financiación que firmó no disponía de un documento de revocación que le permitiese cancelar el mismo tal y como indica la ley. Tras contactar con la entidad financiera y con el propio centro, conseguimos que se rompiera el contrato y las obligaciones que se habían creado como consecuencia del mismo.
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