Una persona de procedencia balcánica contrató un servicio de internet para poder conectarse a la red desde su país, al que iba a viajar por una temporada. El servicio funcionaba con un dispositivo USB. Sin embargo, cuando ya se encontraba en su país el dispositivo no le permitía acceder a internet por lo que intentó ponerse en contacto con la compañía sin conseguirlo. Aún así, decidió conectarse a internet, sin hacer uso del USB contratatado con el convencimiento de que al regresar la empresa sólo le cobraría lo pactado, aún sin haberlo hecho con el dispositivo comprado a tal efecto. Al volver a España, pudo comprobar que la factura del primer mes ascendía a 1.700 euros, la del segundo a 1.100 euros y la del tercero superaba los trescientos euros. Desde Irache se consiguió que se anulase gran parte de las facturas y éstas quedasen en una suma total de ochocientos euros.
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