Una familia reservó a través de una intermediaria un apartamento para pasar unos días de vacaciones en Berlín. La empresa les dijo que para entrar en el apartamento les facilitaría un código que permitiría abrir la puerta del piso. Durante los dos meses siguientes, la familia llamó hasta cuatro veces para que les diesen el código pero les insistían en que se lo darían y no habría ningún problema.
Llegaron al apartamento de Berlín, donde nadie respondió al timbre pero, efectivamente, sí había un teclado para marcar un código, que la familia aun no tenía. Volvieron a ponerse en contacto con la intermediaria que les dijo que habían enviado el código a un email, que no era el que había facilitado esta familia. A pesar de insistir, les dijeron que, por protección de datos, no podían darles el código en el momento. Así pues, sin apartamento, tuvieron que coger un hotel para su estancia en la capital alemana. Tras varias reclamaciones en las que la intermediaria se eximía de cualquier responsabilidad, la familia fue asesorada para poner una demanda verbal, tras la que la intermediaria tuvo que pagar 1.400 euros por los gastos efectuados por los afectados.