La Asociación de Consumidores de Navarra Irache considera que la solución al problema de la vivienda debe enfocarse fundamentalmente en la construcción de más pisos. La oferta de vivienda actual en Navarra no es capaz de responder a la creciente demanda, ni en el mercado protegido ni en el libre, donde los pisos que se ponen en alquiler son ocupados en muy poco tiempo.
La oferta no responde a la demanda existente
El censo de demandantes de vivienda protegida registra 20.800 solicitudes en Navarra, el doble que hace cinco años. La escasez de vivienda asequible hace que esta oferta solo cubra el 8% de la demanda de compra y el 1% de alquiler. Sumando la vivienda libre y la protegida, en 2024 comenzaron a construirse en Navarra 2.681 pisos; en el año 2006 se iniciaron 10.466 inmuebles. En España, desde 2021 el número de viviendas terminadas se ha estabilizado en unas 90.000 anuales frente a las 650.000 que se hicieron entre 2006 y 2008. El Banco de España también ha alertado de un déficit de unas 600.000 viviendas.
A la vez, el precio de la compra de vivienda sigue subiendo: según los datos estadísticos de diciembre, en el último año la vivienda se había encarecido un 10% en la Comunidad Foral, un 14% en el caso de la vivienda libre.
Con objeto de lograr unos precios más asequibles, especialmente para los jóvenes, Irache considera que la solución debe dirigirse a una mayor construcción de vivienda que, además de poner pisos más económicos en el mercado, logre reducir los precios en la vivienda al aumentar la oferta a un coste más asequible. Se debe impulsar la promoción de viviendas tanto de compra como de alquiler.
Zonas tensionadas
Si bien es cierto que los precios de los arrendamientos se han disparado en algunas zonas, Irache teme que la creación de zonas tensionadas de alquiler no va a ser una solución al problema de la vivienda.
Si se potenciasen estas zonas, al imponer un freno a los precios de forma externa, sin que estos se guíen por el precio de la oferta y la demanda, se corre el riesgo de que surjan consecuencias colaterales: la reducción del número de viviendas en alquiler, el desplazamiento de los alquileres de vivienda habitual a otro tipo de arrendamientos o a la venta del inmueble, la aparición de alquileres a más largo plazo con una menor rotación en el mercado en perjuicio de inquilinos que se quieran incorporar al mercado, la aparición de un mercado negro de alquiler…
Igualmente, estas zonas tensionadas pueden provocar el incremento del precio de alquiler en las zonas limítrofes a ellas, como ha pasado en otras ciudades, o el propio incremento de precios en el alquiler de las propias zonas tensionadas para llegar a los máximos posibles permitidos por la regulación. Un excesivo control del mercado puede desincentivar la creación de nuevas viviendas y conllevar la paralización de la construcción, la fuga de promotoras y constructoras a lugares donde no se implementen zonas tensionadas…
Se necesita estabilidad
Por otro lado, los cambios normativos continuos provocan una inseguridad jurídica que confunde y desanima a los actores del mercado inmobiliario. Es necesario crear un escenario de estabilidad normativa, para que las partes, todas, tengan un marco estable y seguro en el que apoyarse, para llevar a cabo sus iniciativas, tomar decisiones y solucionar hipotéticos conflictos.
Esta inseguridad jurídica se une a una cierta desprotección que sienten algunos propietarios, por las dificultades que tienen para reclamar a los inquilinos el pago de los desperfectos en las viviendas durante el alquiler o ante medidas para conseguir evitar retrasos o impagos en las rentas pactadas. Sin duda, es necesario conseguir un marco más estable y protector tanto para propietarios como para inquilinos.
Por otro lado, cualquier iniciativa regulatoria sobre precios debe adecuarse planes de vivienda integrales y a largo plazo, que contemplen la planificación de nuevos inmuebles, tanto en alquiler como en compra, para adecuar la oferta a la demanda, e impulsen la rehabilitación de los ya existentes para mejorar los estándares de bienestar y sostenibilidad y, en su caso, poder ponerlos en el mercado.
Irache cree que la mejor forma que tiene el Gobierno de intervenir en el mercado de la vivienda a medio y largo plazo es a través de la oferta, poniendo viviendas en el mercado tanto en compra como en alquiler y apoyando mediante subvenciones y ayudas de todo tipo a los sectores de población con más dificultades para poder acceder a una vivienda.
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