Irache ya ha presentado las primeras quince demandas de afectados por la quiebra del Banco Popular. Las cantidades solicitadas van desde 2.000 hasta más de 80.000 euros.
El 7 de junio de 2017 el Banco Popular fue vendido al Banco Santander por un euro. Como consecuencia de la operación los accionistas y los titulares de deuda subordinada de la entidad perdieron todo el valor de sus inversiones.
Hasta el momento han sido más de 180 las personas que han acudido a Irache por este tema. Desde el momento de la venta, la Asociación comenzó a trabajar para defender los derechos de los consumidores afectados.
Las personas que compraron acciones con motivo de la ampliación de 2016 pueden presentar demandas civiles para reclamar su dinero. Esto incluye a aquéllos que lo hicieron antes del 3 de abril de 2017, cuando el Banco Popular admitió que había errores en la información dada sobre su situación financiera.
Un juzgado de Tudela ya ha dado la razón a un asociado. El juez, en sentencia firme, ha obligado al banco a devolver los 2.599 euros que el consumidor invirtió en acciones en noviembre de 2016. La sentencia señala que la entidad ofreció una información falsa sobre su situación financiera.
La viabilidad de los tribunales se ve despejada, por el momento, para los que compraron acciones o deuda subordinada por la ampliación del año 2016. En el resto de casos, Irache ya ha adoptado las medidas pertinentes para defender los intereses de los afectados.
En primer lugar, se interpusieron dos recursos administrativos: uno, en España, ante la Audiencia Nacional y frente a la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y otro, en Europa, ante el Tribunal General de la Unión Europea, frente a la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR).