La Asociación de Consumidores de Navarra Irache advierte que se ha prolongado el plazo para reclamar por el cártel de coches hasta los cinco años. En este sentido, anima a los que se pudieron ver afectados a que reclamen, también aquellos que se tuvieron que echar atrás porque podían estar fuera de plazo, cuando parecía que era solo de un año.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado en una sentencia de junio (sobre el cártel de camiones), que el plazo para las reclamaciones por daños derivadas de infracciones de competencia, como es el caso también del cártel de coches, debe ser de, al menos, cinco años. Dado que la mayor parte de sanciones han sido ratificadas por el Tribunal Supremo en 2021, los afectados tendrán hasta 2026 para reclamar una indemnización por los daños.
Más de 2.500 consultas
Irache ya ha recibido hasta el momento más de dos mil quinientas consultas por parte de afectados por el cártel de coches. En la mayor parte de los casos ya ha tramitado las reclamaciones oportunas y se ha comenzado a trabajar en la vía judicial para preparar demandas conjuntas en defensa de los derechos de los asociados.
Hay que tener en cuenta que este caso ha podido afectar a la mayoría de personas que compraron coches entre los años 2006 y 2013. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia multó en 2015 a 21 fabricantes de coches, 172 concesionarios y 2 consultoras que aglutinaban al 91% de las ventas en España por intercambiar entre ellos información confidencial sobre descuentos, servicios posventa y otras condiciones, una práctica que pudo suponer un incremento de precio en la compra para los consumidores. El Tribunal Supremo fue ratificando una a una estas multas, que en total se acercan a los 170 millones de euros.
Se abre la vía judicial
Así pues, una vez demostrada la existencia del cártel, se abre la vía para que los consumidores puedan reclamar los daños que han sufrido derivados de él. Los jueces ya han dado la razón a algún consumidor y han obligado a concesionarios y fabricantes implicados en el cártel a resarcirle y a devolver, en algún caso, unos dos mil euros. En general, se calcula que el encarecimiento puede suponer entre el 10% y el 15% del precio que se pagó y que, en función de cada compra, puede ir desde los 1.500 a más de 9.000 euros. Para determinarlo, habrá que estudiar cada caso de forma particular.
Diferente implicación
Hay que tener en cuenta que no todas las marcas participaron de la misma manera ni en el mismo plazo en el cártel. Además, algunos modelos de una misma marca pudieron verse inmersos en estas prácticas y otros, no. Por ello, es importante estudiar cada caso de forma individual para ver cómo actuó el fabricante o el concesionario y de qué manera pudo afectar esta práctica al consumidor y al precio que pagó por el coche. Si es su caso, no dude en asesorarse.
Primero, se estudia si el coche entraba, por modelo y momento de compra, entre los implicados en las prácticas del cártel. A partir de ahí se recopila la información y documentación necesaria para poder tramitar el caso.
Dificultades para conseguir el contrato o la factura
Generalmente, se necesita, por un lado, la documentación técnica del vehículo, como la tarjeta técnica o el permiso de circulación; por otro, documentación que acredite la compra del vehículo por parte del afectado y el precio que se pagó por él. En este último punto muchas personas han tenido dificultades ya que, pasados más de diez años, no encontraban el contrato o la factura de la compra. En estos casos, se ha solicitado la copia de la factura al concesionario, pero en la mayor parte de las ocasiones no la han facilitado. En este punto, se ha echado mano de justificantes de pago, precontratos o, incluso, certificados emitidos por Hacienda.
Interrumpir los plazos
A partir de ahí se prepara una reclamación extrajudicial para que interrumpa el plazo de prescripción, que ahora es de cinco años, tal y como ha señalado la sentencia europea.
Una vez que el concesionario responde denegando la compensación por daños al consumidor, Irache propone al afectado llevar el caso por la vía judicial. En principio, se realizarán acciones de demanda acumuladas siempre que, como es lógico, las características de cada caso lo permitan. Los peritajes, eso sí, son individuales y en ellos se estudian las circunstancias concretas de cada vehículo afectado y se determinará el daño económico sufrido por el comprador en cada venta.
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