La Asociación de Consumidores de Navarra Irache denuncia el cobro abusivo de la plusvalía, que algunas promotoras están haciendo recaer de forma irregular sobre los compradores de vivienda. Además, algunas de estas empresas están poniendo dificultades para pagar al consumidor incluso después de que una sentencia judicial les obligue a ello.
Desde 150 a 3.400 euros
En lo que va de año, ya se han recibido en esta Asociación más de 120 consultas y reclamaciones por esta cuestión. Los importes que han tenido que pagar las personas afectadas son muy variados y van desde 150 hasta 3.400 euros.
Los casos recibidos provienen de promociones de viviendas en diferentes localidades navarras, tales como Egüés, Huarte o Ansoáin, por ejemplo.
Irache ha reclamado a las promotoras que devuelvan a los propietarios el importe del cobro de este impuesto, que corresponde pagar al vendedor. En algunos casos, la mediación ha dado sus frutos y el dinero ha sido abonado en la cuenta de los afectados.
Actitud de nula colaboración
Algunas promotoras, sin embargo, han mantenido una actitud de nula colaboración y no se han mostrado abiertas a buscar una solución al problema. Por ello, desde Irache se han interpuesto demandas judiciales para conseguir que los consumidores afectados recuperen su dinero.
Sentencias favorables a los consumidores
Hasta ahora, los jueces han dado la razón a los consumidores en todas las demandas y algunos de ellos ya han recibido el dinero que pagaron. En otros, la sentencia también ha sido favorable a Irache pero está en fase de ejecución. Y hay otros casos en los que, aunque también el juez ha dado la razón a los ciudadanos, está habiendo dificultades para que la promotora condenada pague lo que debe a los ciudadanos.
Irache ha pedido la ejecución de las sentencias y ha solicitado embargar cuentas y propiedades de las promotoras condenadas
De hecho, Irache ha realizado los trámites judiciales necesarios para solicitar la ejecución de las sentencias, e incluso ha solicitado embargos de cuentas y propiedades de las promotoras condenadas y ha enviado oficios a Hacienda, ayuntamientos o al Registro de la Propiedad, todo ello con el objetivo de que las personas afectadas puedan recibir el dinero que se les cobró de forma irregular.
La Asociación considera inaceptables las trabas de las empresas para pagar a los consumidores
Por ello, esta Asociación denuncia la inaceptable política llevada a cabo por algunas empresas promotoras de viviendas que, en primer lugar, están haciendo pagar a sus clientes un dinero que les corresponde a ellas. Por si esto fuera poco, una vez reclamada esta cuestión por la vía extrajudicial, no están mostrando ninguna actitud de reconsiderar su irregular práctica. Pero algunas promotoras han llegado incluso más lejos y, una vez que los tribunales han dado la razón a los consumidores, están poniendo obstáculos para cumplir la sentencia y pagar lo que deben.
Grava el aumento de valor de terreno en una transmisión
La plusvalía es el término coloquial para determinar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, un tributo que grava el aumento de valor económico de un terreno cuando se produce la transmisión de un inmueble. En la compraventa, la responsabilidad del pago de este impuesto recae sobre el “transmitente”, es decir, sobre el vendedor de la vivienda, según determina la Ley de Haciendas Locales de Navarra.
Por otro lado, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece como cláusula abusiva “en particular, en la compraventa de viviendas”, “la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario”. Por tanto, en la compraventa de viviendas la plusvalía debe correr a cargo del vendedor y toda cláusula contractual que haga recaer el pago sobre el comprador es abusiva.
El ayuntamiento puede exigir el pago al consumidor, quien luego podrá repercutírselo a la promotora
Sin embargo, es habitual que el ayuntamiento exija el pago de la plusvalía al comprador. Esto genera gran confusión entre los ciudadanos pero lo cierto es que la actuación es correcta ya que la legislación contempla la posibilidad en la que “el adquirente tendrá la constitución de sustituto del contribuyente”. En cualquier caso, si el comprador se ve obligado a abonar la plusvalía, tiene derecho a que luego el promotor le devuelva el importe pagado.
En cualquier caso, Irache recuerda que en última instancia es el promotor el que tiene que pagar la plusvalía de la compra de una vivienda y cualquier cláusula que haga recaer la responsabilidad en el comprador es nula.
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