La Asociación de Consumidores de Navarra Irache denuncia el continuo encarecimiento de la tarifa eléctrica que están sufriendo los hogares españoles. Si en julio ya se aplicó una subida del 1,2% derivada de la última subasta eléctrica para los comercializadores, ahora hay que sumar el nuevo incremento del 3,2% anunciado por el Gobierno y que se aplicará a los consumidores como consecuencia de la reforma eléctrica. En los últimos siete años el recibo de la luz para los hogares se ha encarecido un 54%, lo que supone que el gasto anual puede haber subido en torno a doscientos euros.
Esta última subida supondrá una nueva pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, una cuestión aun más grave cuando se trata de un servicio básico para una población que pasa por difíciles momentos debido a la crisis económica y la incidencia del desempleo.
En España, los mayores encarecimientos de Europa
El Eurostat ofrece datos aún más elocuentes sobre la tarifa eléctrica y señala, por ejemplo, que España fue el país de la Unión Europea donde más subió el coste eléctrico -excluidos impuestos- entre 2006 y 2011, un 69,9%, frente a la media de la Unión Europea, que marcaba un encarecimiento del 19,9%, nada menos que cincuenta puntos porcentuales por debajo.
No parece que la tendencia haya variado de forma sensible ya que, según un informe del la Comisión Nacional de la Energía de 2012, España era el tercer país con los precios de la electricidad más caros para los consumidores finales, sólo superado por Malta y Chipre.
Irache considera que el consumidor no debe ser quien soporte los desequilibrios en el sector, y menos con las actuales dificultades económicas
Por ello, desde Irache se considera que no se puede seguir haciendo pagar más al consumidor por la factura de la luz hasta que mejore la situación económica o, cuando menos, haya una reorganización del sistema y se dé una competitividad real en el sector que permita a los consumidores acceder a precios más asequibles.
Mientras, habrá que comprobar que la reforma del sector eléctrico no hace que sean finalmente los consumidores los que tengan que pagar la falta de sostenibilidad y transparencia que se da en este mercado. En principio ya se ha anunciado que los consumidores tendrán que asumir 900 millones del desequilibrio del sector, a la espera de que, en última instancia, no repercuta también en ellos el coste que deben asumir las propias compañías.
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