La Asociación de Consumidores de Navarra Irache denuncia los encarecimientos que se están aplicando en muchos contratos de la luz. Estas subidas de precio, que pueden suponer en un año hasta doscientos euros, suelen darse una vez transcurrido el primer año de contrato y muchos clientes reparan en ellas tiempo después.
La mayor parte de los contratos de luz y gas suelen ser de un año de duración prorrogable, si ninguna de las partes comunica lo contrario. Lo que suele suceder es que cuando se va a cumplir el primer año, y dentro del plazo marcado en el contrato -generalmente quince días o un mes-, la comercializadora sube los precios. En ocasiones envía una carta para comunicarlo aunque no siempre es así. En ocasiones, los aumentos son notables y el precio del kilovatio hora cambia de 0,13 euros a 0,19 euros, por ejemplo. Otras veces estos cambios han supuesto para el consumidor pagar hasta quince euros más al mes.
En muchas de las cartas, además, solo se informa de las nuevas condiciones pero no se explica al consumidor que puede rescindir el contrato sin penalización alguna. Esto, junto al lenguaje comercial de las misivas, hace que muchas personas no se paren a pensar en el encarecimiento que suponen las nuevas condiciones y en la posibilidad de cambiar de compañía. Si el cliente no comunica la rescisión de su contrato, se entiende que acepta los nuevos precios y condiciones, que se le aplicarán en cuanto se cumpla el plazo anunciado, como indican las condiciones generales de algunos contratos.
El nuevo contrato a veces incluye servicios vinculados
Hay que tener en cuenta que estas modificaciones no solo suponen una subida del precio de la energía o de la potencia sino que en ocasiones en el nuevo contrato se añaden productos vinculados que antes no había. Es decir, el consumidor comienza a pagar también un servicio de mantenimiento, de urgencias o de protección de datos, que en alguna ocasión de forma conjunta pueden suponer pagar doscientos euros más al año.
El consumidor quiere irse pero les ponen dificultades
En estos casos la única opción que tiene el consumidor es dejar la compañía, contratar con otra del mercado libre o, si lo prefiere, volver a solicitar el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Cuando lo comunica, en ocasiones le ponen dificultades. Es muy habitual que le adviertan de que tiene que hacer frente a una penalización, aunque no debería ser así.
Para cobrar una penalización, que suele rondar generalmente los 90 euros, ésta ha debido ser aceptada expresamente por el consumidor al contratar. Además, debería ser proporcional al tiempo de permanencia pactado que quede por cumplir. Pero si el consumidor quiere irse debido a un cambio en las condiciones, no deben aplicarle penalización alguna.
Las condiciones generales de algunos contratos de luz o gas hablan de una penalización, sin hacer mención a la proporcionalidad, y por otra parte, de la devolución de todos los descuentos ya aplicados durante la vigencia del contrato. Esto se convertiría en una doble penalización, de una legalidad muy discutible.
Otras dificultades que ponen las empresas es pedir mucha documentación, no siempre necesaria, para poder tramitar el paso a la tarifa pública. Esto sucede especialmente cuando la comercializadora de referencia y con la que tiene contratado el suministro tienen una procedencia común.
Con el aumento de la contratación telefónica, muchas personas no saben las condiciones que tienen
Hace poco más de un año una modificación en la ley prohibió realizar contratos de luz y gas puerta a puerta, que eran fuente de prácticas abusivas. Desde entonces, la norma solo permite acudir a la casa de un consumidor para suscribir un contrato si éste lo ha solicitado previamente.
A partir de este cambio se han multiplicado las llamadas telefónicas para ofrecer contratos de luz y gas. Esta forma de comercialización tampoco destaca por su transparencia. Aunque en principio se debería facilitar la confirmación del contrato “en un soporte duradero y en un plazo razonable”, no suele ser así.
Es habitual recibir en la Asociación a personas que contrataron por teléfono y que no recuerdan las condiciones que pactaron, el precio de la potencia o de la energía o si cuentan o no con servicios vinculados.
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