La Asociación de Consumidores de Navarra Irache denuncia que las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Gobierno dificultarán el acceso a la justicia a buena parte de los ciudadanos. Desde su aplicación, los ciudadanos tendrán que pagar entre 100 y 1.200 euros, más un porcentaje de la cuantía del pleito para poder defender sus derechos ante los tribunales.
Antes sólo las empresas, ahora la mayor parte de los ciudadanos
Hasta ahora, estas tasas judiciales, de menor cuantía que las actuales, no se aplicaban a las personas físicas, y sí en cambio a las empresas con ingresos superiores a los ocho millones de euros. Con la entrada en vigor de la nueva ley -se está a la espera de que Hacienda apruebe la elaboración de los formularios-, sólo se librarán de pagarlas las unidades familiares que tengan unos ingresos inferiores a unos quince mil euros brutos al año, mientras que la mayor parte de la población tendrá que pagar. El demandante sólo recuperará el dinero si la otra parte es condenada en costas.
Poner una demanda, de 100 a 300 euros; recurrir, de 500 a 1.200
Las tasas a abonar por interponer una demanda irán de los 100 a los 300 euros y para recurrir, de 500 a 1.200. Así, por ejemplo, una persona que quiera recurrir una multa de tráfico de 100 euros en los juzgados podría verse obligada a pagar 201 de tasas; por reclamar a la aseguradora un pago de 2.200 euros por un siniestro en el coche tendría que abonar previamente 161 euros; o tendrá que pagar 300 euros por el hecho de divorciarse, más allá de las reclamaciones económicas.
Por su parte, si la sentencia no ha sido satisfactoria y se quiere recurrir, el ciudadano deberá pagar ochocientos euros y, si se trata de un recurso de casación, mil doscientos euros, a lo que habría que añadir el porcentaje correspondiente a la cantidad reclamada.
Irache considera las tasas injustas y llama a reconsiderar estas medidas y abordar la reforma de la Justicia de forma más global y profunda
En opinión de Irache, estas nuevas tasas son injustas ya que limitan, más aún en un contexto de dificultad económica como el actual, el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial que determina la Constitución.
Es evidente que la Administración de Justicia atraviesa por serios problemas pero no parece que la mejor manera de solucionarlos sea limitar su acceso a los ciudadanos. Se trataría, más bien, de optimizar los recursos y mejorar la eficiencia de un servicio que gestiona un eje fundamental del Estado. Por ello, desde Irache se considera que es necesario reconsiderar la implantación de estas tasas y hacer una reflexión más profunda para poder abordar una reordenación global del funcionamiento de la Justicia.
A la espera de que Hacienda apruebe los formularios
En cualquier caso, aun habrá que esperar unas semanas a que comiencen a aplicarse estas nuevas tasas, ya que Hacienda debe aprobar la orden correspondiente que determine la elaboración de los formularios para realizar los pagos correspondientes.
Los casos de menores, derechos fundamentales o los silencios negativos de la Administración quedan fuera de las tasas
En la nueva ley quedan exentas de estas tasas la mayor parte de los procesos monitorios por menos de dos mil euros, las demandas que tienen que ver con procesos de capacidad, filiación y menores, las relacionadas con la protección de derechos fundamentales y libertades públicas, las solicitudes de concursos voluntarios por el deudor, los recursos contencioso administrativos que interpongan los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios y los recursos por silencio negativo o inactividad de la Administración.
Por otro lado, se devolverá el 60% de la tasa cuando se alcance una solución extrajudicial, el 20% cuando se acuerde acumular procesos, y por ejemplo, se bonificará un 10% sobre la tasa si se utilizan medios telemáticos para la presentación de la demanda.
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