Una asociada sufrió múltiples desperfectos y humedades en suelos, paredes y azulejos debido a una fuga de agua que se había producido en la red general del pueblo en el que reside. Decidió reclamar judicialmente al ayuntamiento, por lo que tuvo que pagar las minutas de los abogados, los peritajes oportunos y otros gastos generados en el proceso. Como contaba con un seguro del hogar que cubría los gastos por reclamación judicial no se preocupó en exceso del dinero que le había supuesto el juicio, convencida de que el seguro se lo repondría posteriormente. Sin embargo, una vez concluido el juicio -que fue ganado por la asociada-, la compañía se negó a pagar. La afectada llegó a Irache, desde donde se reclamó a la aseguradora el pago de los gastos. Finalmente la compañía aceptó pagar los 10.500 euros que habían supuesto los gastos judiciales.
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