Una persona acudió a una empresa de tratamiento odontológico, donde le presentaron un presupuesto para implantarle dos prótesis bucales. El precio de todo el tratamiento ascendía a 18.000 euros. La asociada aceptó la propuesta y se sometió a la intervención. Cinco años después empezó a sentir molestias ya que una de las prótesis se movía, por lo que acudió a la clínica. En el centro, se comprometieron a reparar la prótesis, que costaba tres mil euros, en dos o tres semanas. Sin embargo, dos meses después la afectada no tenía noticias por lo que acudió a Irache. Desde la Asociación se reclamó una reparación inmediata de la prótesis o, en su defecto, el implante de una nueva en perfectas condiciones, ya que ésta constaba con una garantía vitalicia. Desde la clínica se aceptó realizar un nuevo tratamiento para implantar una nueva prótesis a la asociada de forma gratuita.
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